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La dirección de Investigaciones Especiales de la Personería de Bogotá lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 12 años.
El organismo de control lo sancionó por ejercer como mandatario local estando inhabilitado e incurrir en conflicto de intereses.
La ley dice que no puede ser alcalde local quien en los tres meses anteriores haya ejecutado contrato con una entidad Distrital.
La Personería encontró que Castellanos ejecutó un contrato con la localidad a través de la Fundación Cultural Chiminigagua, 40 días antes de su posesión como mandatario.
Pese al hecho, no se declaró inhabilitado y por el contrario, a penas se posesionó en el cargo, certificó como Alcalde Local el cumplimiento del contrato y ordenó su pago. La decisión puede ser apelada.
Castellanos había insistido en que para ese contrato le habían falsificado la firma y, en efecto, así se comprobó.
Sin embargo, la Dirección de Investigaciones Especiales de la Personería estableció luego que si bien era cierto que su firma había sido alterada en una de las hojas, en las restantes del contrato había puesto su rúbrica.
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